Martes, 21 de diciembre de 2010.
La última reunión de la subcomisión del FROB en la que compareció la pasada semana el subgobernador del Banco de España no fue nada tranquila. Francisco Javier de Aríztegui, que compareció en calidad de presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, abrió la posibilidad de continuar con la reforma del sector más allá del 31 de diciembre, por lo que conintuará el FROB o algo similar. Hubo tensión. Se puede asegurar que incluso hubo bronca. Según fuentes parlamentarias presentes en la reunión, tanto el subgobernador como la presidenta de la subcomisión son partidarios de que todo lo debatido allí permanezca secreto. La reunión es a puerta cerrada. Los populares, en cambio, argumentan que quieren seguir la línea marcada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, y del propio gobernador del Banco de España, de mantener la máxima transparencia.
En especial, sobre todo lo que ocurra relevante en el sector financiero, que está siendo muy cuestionado en los últimos meses por el alcance que pueda tener en sus cuentas de resultados una contabilización más fina de la realidad de los fallidos, morosos y provisiones del sector. Y entre diferencias y acusación cruzada de filtraciones, subió el tono.
Pese a ello, los populares quieren que todo lo que sea ofrecer luz sobre el sector se conozca. Consideran muy relevante la explicación de Aríztegui de lo que se espera que ocurra a partir del próximo 31 de diciembre con la reestructuración de las cajas. El subgobernador dio por sentado que el FROB, o una figura similar tendrá que continuar existiendo a partir del próximo año, porque no se ha acabado la reestructuración con los cambios introducidos hasta ahora. Las SIP no funcionan. Cuentan además con el beneplácito de Bruselas. El vicepresidente de la Comisión Europea y titular de la cartera de Competencia, anunció el pasado mes de noviembre en el Parlamento Europeo la voluntad de prorrogar un año más, hasta el inicio de 2012, la flexibilidad especial para autorizar subsidios públicos a bancos y PYMES.
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