Viernes, 08 de abril de 2011.
Papel mojado. En eso quedó finalmente el acuerdo que el Gobierno catalán y los representantes de 20 bancos y cajas de ahorros firmaron en julio de 2008, por el que las entidades se comprometieron a abrir el grifo del crédito. Con la solemnidad del Palau de la Generalitat de fondo, cajas y bancos prometieron 12.000 millones para la compra de vivienda social y rehabilitación. El resultado del convenio, según el balance que tiene el Ejecutivo catalán en sus manos, ha sido irrisorio. En dos años y medio solo han concedido préstamos por valor de 13,6 millones. Es el 0,1% del compromiso que adquirieron.
El convenio sellado por la Federación Catalana de Cajas y 10 entidades financieras más, cuya vigencia venció en diciembre de 2010, debía permitir financiar la compra o rehabilitación de unos 150.000 pisos. Por partidas, se calculó que se podría costear la compra de entre 30.000 y 60.000 pisos de precio concertado catalán, la rehabilitación de unas 40.000 viviendas y la reforma de entre 5.000 y 10.000 pisos vacíos para ponerlos al día y sacarlos al mercado de alquiler. La realidad es otra.
Según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, sumando todas las modalidades, las cajas y bancos han prestado dinero para comprar o poner al día 220 viviendas (tres entradas para pisos, 34 hipotecas para viviendas protegidas, 67 para concertado catalán y 116 viviendas rehabilitadas).
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