Jueves, 09 de junio de 2011.
Los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Salamanca y Valladolid no podrán concertar créditos a largo plazo este año. Se lo impide la Ley de Presupuestos Generales del Estado porque su deuda viva –los préstamos históricos o recientes contraídos con entidades financieras y pendientes de amortización– supera el 75% de la cuantía que representan sus ingresos ordinarios sobre el presupuesto consolidado (consistorio y sociedades públicas).
Éste fue el criterio 'extraordinario' que, motivado por la reducción del déficit público exigido por Europa, fijó el Gobierno el 9 de septiembre del año pasado. Una decisión que, a priori cerraba las puertas de bancos y cajas a los consistorios de Ávila y Salamanca.
La deuda viva del ayuntamiento abulense (47,7 millones al cierre de 2010, según datos del Ministerio de Economía) alcanzaba el 96% de sus ingresos corrientes (49,5 millones). Y los créditos sin pagar del Ayuntamiento salmantino (139,4 millones) superaban en dos puntos, 102%, lo recaudado de forma ordinaria (136,4 millones).
Sin embargo, las condiciones impuestas por el Gobierno central en septiembre –anunciadas verbalmente, y consagradas el 22 de diciembre en la Ley de Presupuestos– llegaron precedidas de varios 'titubeos' normativos.
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